“Básicamente, queremos presentar una denuncia sobre el posible caso de apropiación y evasión impositiva por parte de miembros del directorio, específicamente su presidente, Rafael Valdez, el tesorero Mario Gini y el comandante nacional, Daniel Aquino”, señalaron.

Recalcaron además que los miembros del directorios mencionados tienen 11 denuncias penales por 19 hechos punibles, tanto en contra del patrimonio de los bomberos, como también de los fondos transferidos por el Estado a través del Ministerio de Hacienda.

“Desde el año 2015 hasta la fecha, esto representa más de G. 15.000 millones”, especificaron.

“El caso de apropiación representa unos G. 8200 millones del dinero público, que debieron ser transferidos a 75 cuarteles de bomberos distribuidos en toda la República, pero tan sólo fueron beneficiados unas 14 compañías y la diferencia del dinero faltante, estimado en más de G. 7.000 millones, no se justificó. Entre eso está la compra de equipos ‘fantasmas’, que ya fueron imputados y hoy está para elevar a juicio oral en Tribunales”, indicaron los exbomberos.

Blindaje político

Buzó y Benítez afirmaron también que se sospecha que detrás de la dilatación del proceso judicial hay un blindaje político y se sospecha que el dinero es utilizado para solventar campañas políticas.

“Hasta ahora se han transferido G. 10 millones y creemos que van para las campañas electorales”, dijeron.