En el caso de María José Torres Ferreira, la denuncia refiere que es funcionaria del Poder Judicial con el cargo de asesora, cumpliendo funciones de fiscalizadora en la Dirección del Registro del Automotor, con un salario de G. 9 millones.
La Fiscalía sostiene que la misma poseía flexibilidad de marcación como asesora, y que luego por Acta Nº 2 del 2 de marzo de 2015, el Consejo de Superintendencia de la Corte decidió autorizar la exoneración de marcación de la misma, debido a la naturaleza de sus funciones.
El abogado Andrés Hermosilla, jefe del departamento Administrativo del Registro del Automotor, señaló que se le ha encomendado a María José Torres la función de asesorar aspectos técnicos de infraestructura física, ya que la funcionaria es arquitecta.
En cuanto a Valeria Eliana Torres Espínola es funcionaria del Poder Judicial con el cargo de coordinadora, por el que percibe G. 7.346.745, sin asistir al Juzgado de Paz de San Roque. Habría registrado solamente dos meses de asistencia.
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El Ministerio Público sostiene que por Acta Nº 94 del 5 febrero de 2014, el Consejo de Superintendencia de la Corte resolvió autorizar la flexibilidad de marcación de la funcionaria, cuando prestaba funciones con el asesor financiero y administrativo de Gabinete, José Clodomiro Benítez Isasi.
A los efectos de verificar si cumplía funciones en su lugar de trabajo, se tiene las notas remitidas por la jueza de Paz del Distrito de San Roque Nathalia Garcete Aquino, del 26 de mayo de 2016 y 10 de junio de 2016, del jefe inmediato de Valeria Torres y en las cuales informa de forma detallada las funciones y trabajos que realizaba en la oficina a su cargo.
En cuanto a José Miguel Torres Espínola es igualmente funcionario del Poder Judicial. Habría viajado 22 días en el mes de abril de 2015 a España para capacitación, con viático incluido. Pese a no estar en el país en esta y otras fechas, no afectó su cobro de G. 900.000 correspondiente a horas extras.
Las fiscalas sostienen que por Resolución Nº 655 del 18 de mayo de 2015, el Consejo de Superintendencia de la Corte resolvió autorizar el pago de G. 16.023.840 en concepto de viático para que participe en la “37 Curso de Especialización en Derecho” que se realizó los días 2 al 18 de junio de 2015 en la ciudad de Salamanca (España).
Así mismo se autorizó en la misma resolución el pago de G. 3.542.065 en concepto de capacitación y el 50 % de la compra del pasaje aéreo (ida y vuelta), que fueron acreditados en fechas 22 de mayo de 2015 y 2 de noviembre de 2015.
Además, los funcionarios judiciales Marcos Guggiari, Antonio Amarilla, Morella Fossati López, Silvana Gabriela González, y Pablo Martín Constantini, declararon a la Fiscalía que la labor de José Miguel Torres no siempre termina con la marcación de salida, pues luego sigue cumpliendo funciones de relator y asistente directo del ministro Torres.
Por su parte, los funcionarios Fanny Ramona López de Machuca, Emilio Daniel Álvarez y Hugo Ramón Quiñónez, con cargo de asistente, técnico jurisdiccional y técnico administrativo, respectivamente, estarían prestando servicios particulares en la casa del ministro de la Corte José Raúl Torres Kirmser, en horario laboral.