El hecho tomó estado público el pasado 8 junio, cuando la encargada de la Consejería del Niño y Adolescente de la Municipalidad de Bella Vista derivó el caso a cargo de la fiscala Blanca Saucedo.

De acuerdo a los datos, Óscar Inchausti Paredes, la niña L.P.Ñ. y la madre de esta se presentaron ante el juzgado de paz de Bella Vista, a cargo de la jueza Rosalba Garay, el pasado 1 de junio, para solicitar la confección de un acta de acuerdo entre partes, por la cual la pareja de hecho resolvía separarse, y que el padre de la criatura asumía el compromiso de aportar G. 300.000 todos los meses para la atención prenatal, y además se hacía cargo de los gastos del parto.

Ante la sospecha de que podría tratarse de un caso de abuso, ese mismo día la jueza remitió el caso a la directora del Codeni local, Tania Ortellado.

Durante una entrevista con la sicóloga, la niña admitió que el joven era conocido de la familia e incluso vivía en la casa con ellos, pero advirtió que la relación sexual no fue consentida, por lo que el caso fue remitido a la fiscalía del crimen, hecho que derivó en la detención e imputación de Inchausti por abuso sexual de una menor.

Cuestionamiento

Un cuestionamiento surgido en torno al caso es la presunta negligencia de la jueza al no denunciar inmediatamente el caso a la fiscalía del crimen, al tratarse de una menor de edad que estaba embarazada.

Sobre el punto, y ante consultas de este medio, la jueza Garay se excusó de formular declaraciones. “Por tratarse de una menor de edad, tiene prohibido dar información sobre el caso”, se excusó. Fuentes del Poder Judicial informaron, no obstante, que el procedimiento de la jueza se ajustó a derecho.

Ambas personas, acompañadas de la madre de la niña, declararon ante el juzgado que vivían en pareja, que la menor tenía 14 años y que resolvieron separarse. Ante esta situación, y para precautelar los derechos del bebé por nacer, habían acordado establecer un convenio de asistencia.

La comisión de un delito, como el caso de un abuso, no exime al autor de su responsabilidad paterna, por lo que el acuerdo de asistencia económica es correcto, aseguró nuestra fuente.

Después de la firma del acuerdo, la jueza de paz remitió el caso a la Codeni para su investigación, lo que derivó finalmente en la intervención de la fiscalía y la detención del padre del bebé, señalaron las fuentes.