El fiscal general Díaz Verón durante el informe de su gestión al frente del Ministerio Público (2011-2016) presentó un audiovisual muy bien realizado en el que resaltó las virtudes y los logros de la institución, pero no hubo prácticamente autocrítica de las falencias y la deuda por los objetivos no obtenidos de la institución hacia la ciudadanía.

El fiscal general empezó informando del perjuicio de US$ 600 millones que el Ministerio Público les causó a los narcotraficantes y las 1.485 condenas por este delito.

Otro dato que resaltó Díaz Verón fue los G. 263.802.351.586 que se recuperaron para el Estado en las diferentes causas de corrupción. Agregó que se siguen investigando 500 causas por unos US$ 222 millones.

De igual manera el fiscal general puso de relieve que la Unidad Especializada en Hechos Punibles Contra la Propiedad Intelectual logró ocasionar un perjuicio a los falsificadores de G. 331.748 millones; que la Unidad Especializada de Hechos Punibles Contra la Libertad de las Personas, Antisecuestro y Antiterrorismo investigó 60 causas y unas 106 personas fueron condenadas por estos tipos de delitos.

A lo largo de estos cinco años la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia de las Personas inauguró 23 casetas policiales con 460 cámaras instaladas en diferentes barrios de Asunción y el Departamento Central.

La inversión fue de G. 2.000 millones obtenidos en concepto de reparación del daño social.

Sin embargo, Díaz Verón se olvidó de informar de la poca efectividad de sus agentes fiscales.

Resultan altamente llamativos los datos estadísticos del 2016, donde se iniciaron 62.887 investigaciones, se realizaron 26.133 imputaciones, 21.120 causas se archivaron y otros 15.426 casos fueron desestimados.