Directivos de Cajubi temen que la Corte deje impune a los vaciadores

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Directivos de la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi) se reunieron con el fiscal general, Javier Díaz Verón, y con el fiscal adjunto anticorrupción, Federico Espinoza, a quienes manifestaron su preocupación porque con el ministro Sindulfo Blanco a la cabeza, se estaría preparando el “blanqueo” de los vaciadores de la referida caja.

Adelio Aquino, miembro del Consejo de Administración de la Cajubi, a la salida de la reunión con Díaz Verón y Espinoza, manifestó su preocupación porque tienen conocimiento de que el cuestionado ministro de Corte , el liberal Sindulfo Blanco, estaría maniobrando para conceder la impunidad a los vaciadores de la Caja, que fueron hallados culpables en el juicio oral por haber dilapidado US$ 48 millones.

Aquino dijo que a pesar de que un tribunal de sentencia y una Cámara de Apelaciones, por unanimidad, responsabilizaron a los procesados como los autores de la lesión de confianza en perjuicio de la Cajubi, Blanco junto a un Equipo estaría tramando el “blanqueo” de los mismos.

Para Aquino es llamativo que el ministro Blanco tenga un inusual interés en esta causa, donde se manejan millones de dólares

Además, agregó el consejero, Blanco está siendo enjuiciado políticamente por supuesto mal desempeño, y dejó entrever que está maniobrando junto a sus colegas ministros (posiblemente serían Miguel Óscar Bajac y César Garay, igualmente enjuiciados en el Senado), para conceder la impunidad de los condenados exdirectivos de la Cajubi.

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Aquino dijo que esta causa no solamente tiene un aditamento económico, sino también político. Los mismos operadores que “trabajan” para favorecer a Rafael Filizzola en sus procesos, serían los que están detrás de este “blanqueo”, sospechan.

En la Corte los abogados defensores ya maniobraron para inhibir a los ministros de la Sala Penal, Alicia Pucheta y Luis Benítez Riera, quienes decidieron no analizar la casación que promovieron los condenados.

De la Sala Constitucional se excusaron igualmente los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro y Miryam Peña.

Se aguarda que el ministro de la Sala Civil José Raúl Torres Kirmser no acepte la integración, para que finalmente sí quede conformada con Bajac y Garay.

El abogado querellante Rafael Fernández solicitó sanción para los abogados que recurrieron a argucias para apartar a los ministros de Corte. Sin embargo, la máxima instancia judicial, en casi todos los casos, se ha mostrado complaciente con los chicaneros y tampoco castiga a los litigantes de mala fe.

Las condenas obtenidas en esta causa por los fiscales Victoria Acuña y Aldo Cantero, son las más elevadas para casos de corrupción, aplicadas hasta la fecha.

El dinero “invertido” en operaciones de alto rendimiento en el exterior, ya no será recuperado.

Condenados por el fraude

- La Corte Suprema debe resolver si confirma, anula o revoca las sentencias condenatorias recaídas en primera instancia y ratificadas por la Cámara de Apelaciones. Se plantearon casaciones y acciones de inconstitucionalidad para intentar rever las penas. Los expresidentes de Cajubi Víctor Bogado Núñez y Mariano Escurra fueron sentenciados a 14 años de cárcel; a 12 años los exconsejeros Walter Delgado, César Bejarano y Félix Villamayor. A 10 años de prisión, Ricardo Pereira Poletti; a 8 años, Pabla Mieres, José Szwako y José Alonso. A 4 años de encierro fue condenado Cíbar Insfrán y a 3 años, Gustavo Duré y el exsíndico Édgar Mengual (este último tiene condena firme porque no apeló).