Los dos fusiles calibre 50 que componen el lote estaban desarmados y solo uno de ellos tenía tubo cañón, confirmó un oficial de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) que participó en la recepción y recuento de las armas.
Dichos armamentos habían sido hallados por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en un depósito clandestino ubicado en el barrio Villa Aurelia de la capital, perteneciente al empresario Carlos Federico León Campos (49).
Los funcionarios judiciales que participaron del recuento de los elementos bélicos resaltaron la gran cantidad de explosivos y sus detonantes que fueron hallados, capaces de destruir grandes edificios. También había piezas de fusiles de asalto.
Supuestamente, todos esos elementos fueron adquiridos y luego introducidos al país por una red de traficantes de armas liderado por el empresario Carlos León.
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Aparentemente, esta estructura que también se encargaba de proveer armas a los organismos de seguridad del Estado utilizaba sus influencias, contactos en las altas esferas del Gobierno para vender todo tipo de armas, además de explosivos, a las estructuras criminales que operan en el Brasil y que manejan el tráfico de grandes cantidades de estupefacientes en toda la región.
En la noche del 9 de marzo último agentes de la Senad localizaron el depósito clandestino en Asunción, según se dijo cuando seguían las investigaciones de la aparición de un camión blindado en Pedro Juan Caballero.
De acuerdo con los investigadores, el citado blindado, que estaba equipado con un fusil calibre 50, iba a ser utilizado para atentar contra el empresario de frontera Jorge Rafat Toumani, pero el plan fue descubierto y un grupo de pistoleros persiguió a tiros a los sicarios hasta territorio brasileño, donde se vieron obligados a abandonar el vehículo y las armas.
Por su parte, el abogado Andrés Casati, quien representa al empresario detenido Carlos León, aseguró que no existe vinculación alguna entre el decomiso de armas y el plan de ataque que aparentemente tenía como objetivo a Rafat Toumani.
Igualmente, el letrado aseguró que ninguno de los fusiles tenía el escudo de armas de países vecinos, por lo que no se puede decir que fueron robados. “Máximo puede calificarse como tenencia ilegal de armas”, dijo Casati.