El EPP exige a estanciero repartir carne

El grupo criminal EPP emplazó hasta el viernes 6 de febrero a la familia del conocido empresario Osvaldo Domínguez Dibb para que reparta carne en Concepción y en Asunción, por valor de 50.000 dólares en cada lugar.

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Los delincuentes amenazan con repetir los ataques en la hacienda, como el del domingo último, cuando quemaron dos costosas maquinarias agrícolas en un retiro.

El último ataque del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se inició el domingo alrededor de las 15:00, cuando cuatro delincuentes con uniformes verdes y armas largas irrumpieron desde el espeso monte en el retiro “Bonete” de la estancia “La Gringa”, a 3.500 metros del retiro “Oviedo”, atacado el 30 de diciembre pasado, y 6.500 metros antes del casco central de la hacienda, situada a su vez a 25 kilómetros de la Ruta III “Gral. Elizardo Aquino”, a la altura del Km 385, en el distrito de Azote’y, departamento de Concepción.

El establecimiento, que consta de 37.000 hectáreas, pertenece a la familia del conocido empresario Osvaldo Domínguez Dibb y es administrado por su hijo Cristian Gustavo Domínguez Wilson Smith. Según los datos obtenidos ayer, los cuatro terroristas que quemaron dos costosas maquinarias agrícolas, pertenecientes al productor menonita de la colonia Río Verde Pedro Wall, obligaron al retirero Críspulo Agüero, quien se encontraba con su esposa, a que escribiera en una hoja las exigencias que debían ser entregadas a su patrón.

Entre las principales “peticiones” de la banda armada figuran aparentemente la distribución de carne en el barrio San Francisco de la ciudad de Concepción, donde vivía la familia Villalba Ayala, integrada por la secuestradora condenada Carmen María y sus hermanos prófugos José Mariano, Osvaldo Daniel y Liliana Elizabeth.

También exigieron que se reparta la carne en el carenciado y ribereño sector denominado Calaverita, en el barrio Inmaculada de la capital del Primer Departamento, así como en los asentamientos campesinos de las localidades de Arroyito y Kurusu de Hierro, en los distritos de Horqueta y Azote’y, respectivamente.

La misma exigencia debe ser cumplida en los barrios marginales de Asunción Chacarita y Pelopincho.

Según la amenaza del EPP, la familia Domínguez debe repartir carne por valor de 50.000 dólares en cada lugar.

De lo contrario, los delincuentes advirtieron al retirero que repetirían los atentados en la hacienda y que serían aún más violentos.

El dueño de la estancia “La Gringa”, Cristian Domínguez, siempre estuvo en la mira del EPP, por lo que en su propiedad funciona un destacamento con personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

De hecho, antes de los sucesivos ataques del EPP en la estancia, ya se había filtrado un supuesto intento de secuestro del empresario Domínguez.

El EPP, paralelamente a su capacidad operativa de materializar sucesivos ataques en las narices de la FTC, también mantiene aún secuestrado al suboficial de Policía Edelio Morínigo Florenciano (25), quien fue capturado por los criminales el 5 de julio del año pasado en Arroyo de Oro.

Para liberar al uniformado, los captores exigen al Gobierno la excarcelación de seis de sus cómplices.

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