El magistrado Otazú explicó tras la audiencia de revisión de medidas, que la situación procesal del imputado Sánchez Garcete no ha variado como para que sea beneficiado con medidas menos gravosas como el arresto domiciliario o la libertad ambulatoria.
El juez agregó que de las investigaciones preliminares del Ministerio Público surgen indicios de que los activos que posee dicho enjuiciado provendrían del narcotráfico, según el acta de imputación, por lo que se hace necesaria mantener la prisión preventiva.
En la audiencia de revisión de medidas, los fiscales Zully Figueredo e Isaac Ferreira solicitaron que se mantenga la prisión preventiva en la penitenciaría de Tacumbú que pesa sobre Sánchez Garcete desde el 4 de enero último.
Los agentes fiscales indicaron que el imputado –de no estar preso– puede obstruir la investigación del Ministerio Público debido a su poder económico y las influencias que tiene. La Fiscalía no descarta que el proceso sea ampliado por narcotráfico, cuya pena es de hasta 25 años de reclusión.
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Por su parte, el abogado defensor Jorge Rodrigo Prieto pidió la libertad ambulatoria de Sánchez, argumentó que este tiene radicación en el país, y sobre todo porque fue recientemente elegido intendente de Capitán Bado, cargo que debe ocupar durante 5 años.
Además, señaló, toda su familia está radicada en nuestro país. Para sustentar su sometimiento a la justicia, el abogado manifestó que Sánchez Garcete ofrece como caución real la finca N° 13.251 de la ciudad de Capiatá, cuya tasación es de G. 2.458 millones.
El fiscal antidrogas Marcelo Pecci es quien había imputado por lavado de dinero a Chicharõcito. Dijo que este habría realizado el lavado de activos mediante maniobras con inmuebles y vehículos. Los hermanos del citado reo, Carlos Rubén alias Chicharõ y Ardonio Sánchez también son investigados por la misma causa.
Antecedentes de la causa
Denilso Sánchez Garcete fue incluido en el proceso por lavado de dinero junto a sus hermanos, el diputado colorado suplente Carlos Rubén “Chicharõ” Sánchez Garcete y el abogado Ardonio Sánchez Garcete, ambos con arresto domiciliario tras pasar 6 meses en prisión. Según la Fiscalía, unos G. 15.224 millones serían parte del patrimonio de los hermanos Sánchez Garcete que no pueden justificar. Solo G. 2.800 millones están a nombre de Chicharõ, y el resto a nombre de Ardonio, según las pesquisas.