El Poder Judicial le da la espalda al megafraude perpetrado a la Cajubi

Este artículo tiene 9 años de antigüedad
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

En un hecho vergonzoso para los tribunales, los 9 ministros de la Corte se rehusaron a estudiar la casación promovida por los condenados del mayor fraude perpetrado en el país. De igual manera, los 12 camaristas penales tampoco aceptaron formar parte de la Sala Penal, y el caso puede prescribir.

Los ministros de la Sala Penal de la Corte Alicia Pucheta y Luis María Benítez Riera, iniciaron la cadena de inhibiciones al apartarse del caso de lesión de confianza perpetrado contra la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi).

La Sala Penal debe estudiar las casaciones promovidas por 10 de los 11 condenados por el megafraude a la Caja.

Sin embargo, Pucheta y Benítez Riera se apartaron porque tienen causal de inhibición con los abogados Luis Bertón Planás y Nicolás Gaona Irún. Los ministros en vez de cancelar la personería de estos abogados que fueron incluidos en el proceso solamente para chicanear, resolvieron inhibirse.

Luego, el ministro Sindulfo Blanco también se inhibió, al igual que los miembros de la Sala Constitucional Antonio Fretes, Gladys Bareiro y Miryam Peña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tampoco aceptaron integrar la Sala Penal los ministros de la Sala Civil José Raúl Torres Kirmser, Miguel Bajac y Antonio Garay.

El expediente fue enviado a la 1ª Sala de la Cámara de Apelaciones, pero se inhibieron los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos.

Los camaristas de la 2ª Sala José Agustín Fernández, Delio Vera Navarro y Anselmo Aveiro, se inhibieron por diferentes motivos; al igual que los miembros de la 3ª Sala Agustín Lovera Cañete, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín.

Los integrantes de la 4ª Sala Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Carlos Ortiz Barrios, igualmente se excusaron.

El expediente fue derivado al Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia integrado con los jueces Clara Estigarribia, Mirtha González e Irma Alfonso, quienes deberán resolver si aceptan o no el estudio de las casaciones propuestas por los condenados por el fraude de US$ 48 millones.