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En la fiscalía no atienden al público a causa de la radicalizada huelga

Este artículo tiene 8 años de antigüedad
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La huelga en el Ministerio Público que reclama un disfrazado aumento salarial llega al extremo de prohibir el ingreso de abogados y personas en general que no tengan un “documento citatorio”. El Ejecutivo primeramente se negó a la ampliación presupuestaria, pero ahora dicen que podría financiarse.

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Prácticamente ya todas las Fiscalías del país no prestan atención a la ciudadanía, como medida de protesta por el rechazo del presidente Mario Abdo al pedido de ampliación presupuestaria de más de G. 18.000 millones para el Ministerio Público.

En el caso del Sector 1, ubicado sobre la avenida Félix Bogado y 21ª Pytda., el agente fiscal asignado delegado Rogelio Ortúzar, emitió una cuestionada circular en la que prohíbe el acceso a toda persona que no cuente con un documento citatorio.

La medida es considerada por abogados como ilegal, por restringirse arbitrariamente el acceso de personas a un local público de servicio imprescindible.

Sin embargo, el fiscal Ortúzar justificó la medida diciendo que es evitar hacer pasar un mal rato a las personas que acuden a este sitio, ya que no serán atendidas por la medida de fuerza emprendida por funcionarios y fiscales.

Posibilidad de acuerdo

Primeramente, el ministro de Hacienda, Benigno López, fue tajante en rechazar el pedido de ampliación presupuestaria, pero ahora cambió de tono.

“Creemos que de lo que reclaman se podría buscar el financiamiento desde el fortalecimiento de las unidades que pretenden crear, sobre todo con relación a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en que el año que viene vamos a ser evaluados. Quedamos en seguir conversando de manera técnica”, indicó el secretario de Estado tras la reunión con el vicepresidente Hugo Velázquez, la fiscala general Sandra Quiñónez, fiscales, representantes de ambas cámaras del Parlamento, entre otros.

La apertura del Ejecutivo va acompañada de la promesa de atención a la ciudadanía por parte del Ministerio Público, según indicaron.

Frustrada testimonial

El abogado Theodore Stimson no pudo declarar ayer en carácter de testigo en el caso del doble voto del senador Dionisio Amarilla (PLRA). El profesional había denunciado que en la sesión de la Cámara Alta, el 25 de octubre pasado, el legislador votó por su colega Blas Llano –quien no estaba en ese momento en su lugar– mientras se trataba la ley del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer.

Stimson fue el denunciante del hecho, a raíz de las publicaciones periodísticas y de redes sociales. Ayer debió declarar ante la fiscala Sonia Mora, pero no pudo hacer porque los funcionarios estaban de huelga. Fue citado para este lunes, a las 8:00.

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