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El tribunal de sentencia está integrado con los jueces Nilda Giménez Bogarín, Mesalina Fernández y Alba María González, como miembros titulares. La jueza Gloria Amada Hermosa fue designada como suplente.
La acusación de los fiscales Josefina Aghemo y José Angel dos Santos señala que Yore Ismael se excedió en sus funciones que por ley le son atribuidas y designó discrecionalmente a abogados particulares como defensores públicos, sin dar participación a la Corte Suprema ni al Consejo de la Magistratura, encargados del nombramiento y el proceso de selección de candidatos, respectivamente.
La ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública (Art. 23) establece que la designación de defensores públicos está a cargo de la Corte, previa selección de ternas por el Consejo de la Magistratura.
Los demás excoprocesados abogados Sindulfo Alegre Aquino, Lorenzo Vera Gamarra, Carlos Molinas Bernal, Vivian Valenzuela y Cristian Figueroa, fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento, por la jueza penal de garantías Gricelda Caballero. Los citados son los que ocuparon irregularmente el cargo de defensor público.