Los fiscales de Delitos Económicos Aldo Cantero y Luis Piñánez decidieron imputar por el plazo que quedó fuera del proceso por lesión de confianza por desvío de G. 1.100 millones con tarjetas free (al portador) de combustible de la Comandancia de la Policía.
La imputación alcanza a uno de los hijos, Francisco Alvarenga Rotela, pero por lavado de dinero, ya que existe la presunción de que ayudó a sus padres a intentar ocultar la adquisición de un lujoso vehículo que aparece a su nombre.
El juez Gustavo Amarilla había rechazado que el ministerio indague al patrimonio del matrimonio Alvarenga-Rotela por el plazo de diez años. Su criterio, que fue ratificado por la Cámara, es que la ampliación por enriquecimiento solo podía abarcar del 26 de marzo y 30 de abril de este año, periodo en que se “esfumaron” G. 1.159 millones de tarjetas de combustible.
A raíz de esto los investigadores abrieron el proceso contra Alvarenga y Rotela (que es enfermera), “desde sus entradas a la función pública hasta el mes de marzo de 2014, siempre y cuando las conductas no hayan aún prescripto”.
Indican tener sospechas del ilícito por millonarios rodados e inmuebles. En cuanto a vehículos, en 2013 el matrimonio adquirió una Toyota Hilux 0 km por US$ 46.000 y el año pasado Rotela compró otros rodados por G. 40 millones con un salario de G. 3.360.000.
Diez inmuebles
“Sobre los inmuebles inscriptos por el señor Francisco Pastor Alvarenga Núñez, hemos encontrado que se han registrado diez inmuebles y a nombre de su esposa se encuentran registrados otros dos”, dice la imputación.
Los fiscales aducen que cuatro inmuebles fueron adquiridos en 2014 (año en que Alvarenga fue nombrado comandante de la Policía) y no se condicen con los ingresos de Alvarenga y su esposa.
Francisco Alvarenga en 2013 presentó su declaración jurada a la Contraloría e indicó que poseía inmuebles por valor de G. 226 millones. Sin embargo, este año, al dejar el cargo, manifiesta tener bienes inmuebles por nada menos que G. 2.400 millones.
Tanto para Alvarenga como para su esposa la Fiscalía pide prisión preventiva y prohibición de gravar y vender bienes al juez sorteado Humberto Otazú.
Para Francisco Alvarenga Rotela los agentes solicitan la aplicación de medidas alternativas a la prisión.