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De acuerdo a los datos, Vergara recusó ayer al fiscal de Delitos Económicos Fernández por supuesta “parcialidad manifiesta” por haberla convocado a audiencia indagatoria para este lunes, en una investigación por estafa y lesión de confianza.
En este caso están involucrados altos funcionarios de la C ancillería como Juan Andrés Cáceres, director general de administración y finanza, quien ya declaró en carácter de indagatoria, previa a una imputación penal.
De acuerdo a la denuncia presentada por la propia Cancillería, entre abril de 2011 y setiembre de 2012, Vergara habría “cocinado” la adjudicación a la empresa uruguaya “Ing. Castillo & Lazogue Arquitectura”, del arquitecto Marcelo Castillo y Rubén Lazogué, creada solo a los efectos de realizar la refacción y reparación de la sede diplomática paraguaya ubicada en un edificio histórico de Montevideo, Uruguay, propiedad del Estado paraguayo.
La empresa en cuestión supuestamente ganó la licitación a otras dos, por la suma de US$ 527.931. Sin embargo, las otras oferentes “Este Construcciones” (cuyo ofrecimiento fue de US$ 710.000) y “Casa Cerrada” (US$ 625.100), ni siquiera existirían.
También, el ofrecimiento de la empresa adjudicada fue evaluado y aprobado con muchas irregularidades por un Comité de Evaluación de la Cancillería, integrado por el diplomático Carlos Scavone; Juan Andrés Cáceres, director de administración y finanzas; Juan José Verón, director de finanzas y la abogada Gloria Merlo. La exembajadora Vergara, inclusive, dio el adelanto del 50% (US$ 250.000) sin la firma de contrato, se denunció.
La sede de la embajada, tras los primeros trabajos de “refacción”, hoy está arruinada y deshabitada, por lo que la oficina se mudó a otro edificio y el Estado paraguayo ya pagó por alquiler unos US$ 362.000.