El procurador general, Roberto Moreno, informó que por primera vez se acciona en el fuero penal para recuperar dinero de exadministradores que cometieron lesión de confianza y fueron condenados en todas las instancias.
Se tuvo en cuenta que el proceso es más rápido teniendo en cuenta los plazos procesales. Además, en el fuero civil y comercial, las veces que demandó el Estado lo hizo sin éxito, ya que la mayoría de las causas caducaron.
Ahora fueron demandados los excomisarios Hermes García Balmaceda (sentenciado a 9 años de cárcel), Juan Silverio Melgarejo (8 años), Francisco Benítez (6 años) y el exsubcomisario Carlos Sánchez Cano (7 años y 6 meses), además del empresario Milciades Sanabria Cantero (6 años). La demanda se sustancia en el juzgado de Sentencia N° 20, a cargo de la jueza Gloria Hermosa, quien dio trámite a la petición del Estado.
La Procuraduría accionó teniendo en cuenta el artículo 439 del Código Procesal Penal que establece el procedimiento para la reparación del daño e indica: “Procedencia. Dictada la sentencia de condena o la resolución que imponga una medida de seguridad por inimputabilidad, el querellante o el Ministerio Público podrán solicitar al juez que ordene la reparación del daño causado o la indemnización correspondiente”.
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A esto se suma que el artículo 28 del CPP establece que “el Procurador General o el Fiscal General del Estado, según el caso, podrán decidir que la demanda sea planteada y proseguida por otros funcionarios de la Procuraduría o del Ministerio Público, respectivamente”.
De acuerdo a los antecedentes, los condenados incurrieron en lesión de confianza al simular la compra de 180.438 kilos de carne de los 204.880 kilos que hicieron figurar como adquiridos en el 2003. La acusación cuantifica el perjuicio en G. 1.249.768.000, monto que se espera recuperar.
La condena fue impuesta en agosto de 2012 por el tribunal integrado por Gloria Hermosa, Sandra Farías y Héctor Capurro; confirmada en diciembre de 2012 por la Cámara de Apelaciones y ratificada en noviembre de 2013 por la Sala Penal de la Corte Suprema de la Corte, que rechazó casaciones.