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“Justamente una de las marcas de la administración ha sido defender siempre firmemente la postura de que los abogados del Estado no pueden regular honorarios al Estado en ningún caso. Prueba de ello es la certeza constitucional que promovimos y obtuvimos junto con el Banco Central del Paraguay ante el Pleno de la Corte, que nos dio la razón en esa tesitura”, manifestó el letrado.
Rodríguez destacó que tanto Tierra Viva como la Procuraduría General persiguen el mismo interés, que es hacer que las tierras expropiadas lleguen a los indígenas y que el INDI pague la indemnización, que ronda los G. 35.000 millones ya establecidos y no los US$ 39 millones que pretenden las firmas expropiadas.