Esta ley ya fue suspendida su vigencia en dos ocasiones, en el 2012 y 2014, porque extinguiría masivamente las causas, especialmente, de corrupción, secuestro y narcotráfico, entre las que se encuentran sonados casos.
La polémica Ley 4669/12, que fue una iniciativa del entonces senador Abel Guastela, es la “que modifica los artículos 136 y 137 de la Ley 1286/98 ‘Código Procesal Penal’, modificada por Ley 2341/03, conocida como ‘Camacho’”, con la que se acortan los plazos procesales para terminación de causas.
E fiscal general, Francisco Javier Díaz Verón, solicitó a la Corte que se expida sobre casos que tienen por lo menos 8 años de proceso, sin que siquiera haya pasado de primera instancia.
Díaz Verón presentó recientemente a la ministra Alicia Pucheta una lista de 36 casos entre los que se encuentran Camilo Soares por sobrefacturación de alimentos, conocido como “coquitos de oro”, iniciado en el 2008 y que está pendiente de juicio oral; los casos donde está procesado el exministro del Interior Rafael Filizzola, por lesión de confianza, conocidos como “comisarías” y “helicópteros”, iniciado en el 2013 y 2012, respectivamente, entre otros.
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La Corte también cuestionó en su momento la vigencia de esta ley, pero no hace nada para reducir la morosidad judicial.