La misma está acusada por supuesta usurpación de funciones públicas, por haber designado a abogados particulares como defensores públicos en diferentes puntos del interior del país, obviando que esta es una facultad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, órgano al que el Consejo de la Magistratura remite ternas de concurso.

El juzgamiento de Yore debió haberse iniciado ya en mayo de este año; sin embargo, se inhibieron ocho jueces en total.

Por esas llamativas excusaciones, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso la auditoría de gestión judicial, que estará a cargo del director de Auditoría de Gestión, Mario Elizeche.

Las inhibiciones que serán analizadas por el auditor son de los jueces Alba González, Lourdes Peña, Héctor Capurro, Elio Rubén Ovelar, Blanca Gorostiaga, María Fernanda García de Zúñiga, Mesalina Fernández y Gloria Hermosa.

La ex defensora general también soporta un proceso penal por supuesta lesión de confianza.

En julio pasado, la fiscala de Delitos Económicos Victoria Acuña acusó a Yore de un supuesto perjuicio de más de G. 5.000 millones con contratos de obras para sedes del organismo en el interior del país.

En esa causa están incluidos también el diputado por Canindeyú Teófilo Espínola Peralta (PLRA, efrainista) y el ingeniero Germán Domingo Fatecha, liberal efrainista y extitular de la ANDE.