Ex fiscal general solicita revocatoria de prisión

El ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón solicitó su libertad por la vía de la revocatoria de prisión. Procesado por enriquecimiento ilícito, el extitular del Ministerio Público se encuentra preso en la cárcel militar de Viñas Cue hace 2 meses.

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El 24 de agosto pasado, el ex fiscal general Javier Díaz Verón ingresó a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en cumplimiento de una disposición del juez penal de garantías Julián López, ratificada posteriormente por el Tribunal de Apelación, 2ª sala.

El 5 de setiembre, la jueza María Gricelda Caballero ordenó el traslado del ex fiscal general de Estado a la cárcel militar de Viñas Cue tras hacer lugar a una petición de su abogado defensor Mario Aníbal Elizeche.

En declaraciones a la prensa, Elizeche sostuvo que la Fiscalía se basó en argumentos falaces para pedir la medida restrictiva de libertad contra su defendido.

En esta misma tesitura, Elizeche afirma que la pericia realizada por el propio perito designado por la Fiscalía, Lic. Emilio Fernández Núñez, y su perito Lic. Robert Alegre, evidencia que hay correspondencia entre ingresos y egresos.

“El análisis de ingresos expuestos en la imputación fiscal no tuvo en cuenta como saldo inicial el patrimonio neto declarado por el señor Díaz Verón ante la Contraloría General de la Rca. en el año 2011, consistente en la suma de G. 756.500.000”, afirma.

La defensa agrega también sentencias dictadas por el Tribunal de Cuentas, que aprueban sin objeciones la rendición presentada por Díaz Verón de los año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. Finalmente, la defensa alega además razones humanitarias, al señalar una enfermedad que padece la hija adolescente de Díaz Verón.

Esposa cumple arresto

Mientras el exfiscal general Javier Díaz Verón está procesado y preso por enriquecimiento ilícito, su esposa, la abogada María Selva Morínigo, cumple arresto domiciliario. La letrada fue procesada por lavado de dinero y si bien el 20 de agosto el juez José Agustín Delmás decretó su prisión en el Buen Pastor, el 27 del mismo mes la Cámara dispuso arresto domiciliario. La fiscala María Estefanía González sostiene que el matrimonio no podría justificar más de G. 6.000 millones de su patrimonio.

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