Fue lo que resolvió la Cámara de Apelaciones, Cuarta Sala, al rechazar la nulidad del acta de imputación que solicitó la defensa de Velázquez Gadea.

El excontralor planteó a través de su abogado, José Domingo Almada, la nulidad del acta de imputación, porque supuestamente el escrito fiscal no hace referencia a los hechos que se le atribuyen. De igual manera, el Ministerio Público ha omitido referirse a las conductas objeto de la investigación, según la defensa.

Sin embargo, los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Arnulfo Arias y Gustavo Ocampos sostienen que al asumir la fiscalía la responsabilidad de imputar, el juez debe presumir que es consecuencia de una exhaustiva evaluación.

Agregan los camaristas que el sistema no les atribuye a los jueces la facultad investigativa y que tampoco tiene posibilidad de inmiscuirse en el ejercicio de la acción pública. Es más, hasta tienen prohibición expresa de hacerlo, según los artículos 52, 282 y 316 del Código Procesal Penal.

Con la presentación del recurso de nulidad del acta de imputación, Velázquez Gadea había trabado la audiencia de imposición de medidas, que debió realizarse el pasado 5 de agosto ante el juez penal de garantías Alcides Corbeta.

La fiscala Lidia Victoria Acuña imputó al excontralor Velázquez Gadea, a la exsubcontralora Nancy Torreblanca, a la “secretaria vip” Liz Paola Duarte y a ocho funcionarios de la Contraloría por estafa y cobro indebido de honorarios, por haber percibido millonarios viáticos por horas extras y por días que supuestamente fueron trabajados.

Torreblanca ya compareció el 2 de setiembre pasado a la audiencia de imposición de medidas, al igual que la secretaria Duarte y los demás funcionarios de la Contraloría imputados a quienes les dieron medidas alternativas a la prisión, por pedido de la fiscala Acuña.