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A través de una nota presentada ante la jueza Llanes, el abogado Martín González dice que existe un acuerdo de espera para el cumplimiento de las condiciones impuestas en la sentencia, y solicita la fijación de una audiencia, para solicitar la suspensión de la ejecución de la condena.
La exgobernadora, que fue detenida el martes pasado en Identificaciones de la Policía cuando pretendía renovar su cédula de identidad, fue condenada el 15 de setiembre del 2011 a dos años de pena privativa del libertad, con suspensión de la condena.
Para no ir a prisión, Belmonte se comprometió a devolver a la gobernación G. 208 millones en 36 cuotas de G. 3 millones mensuales y con refuerzo de G. 25 millones cada 9 meses; además de transferir un inmueble de su propiedad, la finca N° 14.566 a la gobernación.
En el 2014 se amplió el periodo de prueba pero aún así la mujer no cumplió con su compromiso, motivo por el cual en julio del 2016 la magistrada Llanes revocó dicho beneficio, a pedido de la fiscala Rosa Heinroth.
El proceso que derivó en la condena de Belmonte tiene relación con el desvío de más de G. 2.700 millones, en el año 2008. La millonaria suma debió ser destinada a la ejecución de varias obras y a la compra de insumos para el programa vaso de leche, entre otros.
La imputación que dio origen al proceso detalla por ejemplo, que la gobernación desembolsó más de G. 164 millones para la refacción de la escuela N° 14.708 Machete Vaina, de Puerto Casado, y de la escuela Riacho Mosquito. Para realizar las obras, se procedió a la contratación directa de la empresa K&V, cuyo propietario, Ing. Víctor Hugo Villasboa, dijo que nunca realizó la obra debido a la falta de pago de la gobernación.
La reparación de 48 metros de puente de madera en María Auxiliadora (G. 448.250.000); construcción de tinglado multiuso en Fuerte Olimpo (G. 278.600.000), reparación de los tramos Fuerte Olimpo- Toro Pampa; Toro Pampa-Riacho Salado y desvío Km 65 Carmelo Peralta (G. 585 millones) y la compra de complemento nutricional de vaso de leche (G. 450 millones) y combustible (G. 550 millones) son otras operaciones cuestionadas.