Exigen elección pública de nuevas autoridades de la Corte Suprema

La elección de nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, prevista para mañana, debe ser pública, solicitó el Centro de Estudios Judiciales.

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Tras el anuncio de que mañana se realizará la elección de presidente, vicepresidentes primero y segundo de la Corte Suprema de Justicia, el Centro de Estudios Judiciales, presidido por María Victoria Rivas, inició una campaña con el fin de que dicha elección sea pública.

En un pronunciamiento, el CEJ valora la iniciativa de la Corte de televisar las sesiones de la plenaria, como una práctica de transparencia y publicidad consecuente con los postulados de una República democrática.

“Afirmamos que estas buenas prácticas en materia de transparencia y publicidad de los actos de gobierno judicial incrementan la confianza ciudadana en la justicia, dado que la baja percepción de la administración de justicia representa un retroceso para la institucionalidad de la República”, señala el manifiesto.

El CEJ destaca que la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno judicial se inician con la clara fundamentación de la elección de sus autoridades. Resalta que el presidente de la CSJ es el responsable de encaminar las políticas judiciales acorde con las necesidades institucionales, priorizando el acceso a justicia como garantía constitucional en beneficio de todos los ciudadanos, de ahí el interés público de dicha sesión.

Por esta razón, instan a la Corte, actualmente presidida por José Raúl Torres Kirmser, a hacer pública la sesión de las autoridades para el periodo 2019, como una garantía a la ciudadanía de la transparencia de los actos de gobierno del Poder Judicial.

“Conforme a los compromisos internacionales asumidos en la Cumbre Judicial Iberoamericana, como las recomendaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad de los sistemas de Justicia Iberoamericanos, que exhorta a los Poderes Judiciales a garantizar la máxima publicidad de sus actos y resoluciones, como instrumento democrático que refuerce la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, respetando los derechos fundamentales potencialmente afectados”, concluye.

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