Exigua condena de seis meses a un exdirector del MAG por planillero

Pese a que los senadores Enzo Cardozo (ANR) y Silvio Ovelar (ANR) declararon en sus despachos, ante un tribunal de sentencia, con la intención de salvar a “planillero”, se aplicó una tibia pena de 6 meses de cárcel con suspensión al acusado y se le obligó a devolver la suma de G. 156 millones.

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Los jueces Cynthia Lovera, Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate decidieron condenar a Víctor González Ortiz a 6 meses de cárcel con suspensión y a la devolución de G. 156 millones cobrados irregularmente. González Ortiz llegó a ser director general de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

En el juicio por cobro indebido de honorarios, se corroboró que el hombre fue comisionado del MAG a la Cámara de Senadores, recinto donde nunca prestó servicios.

La fiscala de Delitos Económicos Josefina Aghemo pidió una pena de 1 año y 6 meses. Explicó que el tribunal y las partes se trasladaron hasta el Congreso para las declaraciones de los senadores Enzo Cardozo y Silvio “Beto” Ovelar.

Los parlamentarios habían solicitado en diferentes años los comisionamientos de González.

Cardozo, acusado por millonarios desvíos en el MAG, y Ovelar dijeron –bajo juramento– que el acusado cumplía labores en la Cámara de Senadores, por lo que intentaron “salvarlo” en vano.

El tribunal tomó como cierta la acusación fiscal porque no había registro de su trabajo en sede parlamentaria. Víctor González fue funcionario del MAG desde 2005 hasta 2009, año en el que fue comisionado en calidad de “asesor” al Congreso. Sin embargo, desde el 2012 ya no gestionó los comisionamientos y el Ministerio denunció el hecho.

Según Aghemo, debía cumplir funciones en la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural del Senado, pero Juan Arturo Lombardo, director de Recursos Humanos, declaró que el aludido no se encontraba registrado en dicho periodo en los archivos de esa dirección, ni como funcionario permanente, contratado o comisionado.

El “planillerismo” también fue corroborado por la abogada Alicia Acosta Meza, directora de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara Alta, quien dijo que no tenía registros del funcionario que debía estar a su cargo.

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