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El juez Escobar ya había determinado que de persistir las chicanas iba a sancionar a Cardozo y al coacusado Aníbal María Benítez, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones de la SEN.
Sin embargo, ayer se presentó a las 7:00 una recusación contra la fiscala de Delitos Económicos Victoria Acuña con la finalidad de que la diligencia (prevista para las 8:00) no se realizara por undécima vez.
Sin embargo, a las 7:20 el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, comunicó vía fax la designación como interino de Martín Cabrera, de la misma Unidad Especializada.
El agente designado compareció a las 8:00 y la preliminar pudo llevarse a cabo pese a la insistencia de suspensión por parte de la exministra, quien incidentó durante todo su desarrollo.
En un momento, Cardozo intentó revocar la personería a su abogado defensor Hernán Raúl Ocampos, pero fue “advertida” de las consecuencias disciplinarias en su contra.
Finalmente, la audiencia se desarrolló y el fiscal Cabrera se ratificó en la acusación por lesión de confianza en grado de autoría contra Cardozo y de complicidad por el mismo hecho punible contra Benítez.
El agente pidió que el caso sea elevado a juicio oral y público.
Ambos procesados, por su parte, plantearon la suspensión condicional del procedimiento a prueba. Los dos estuvieron representados por el mismo abogado, Hernán Raúl Ocampos.
El profesional pidió la suspensión con relación a Cardozo y entre las reglas de conducta el trabajo “técnico” en la SEN y como reparación social del daño la donación mensual de G. 500.000 a una entidad de beneficencia durante tres años.
Sin embargo, el magistrado Escobar consideró que no se dan los presupuestos para la aplicación de la suspensión condicional, y decidió elevar el caso a juicio oral y público.
La acusación
La acusación fiscal es por supuestas compras sobrefacturadas de alimentos y el perjuicio patrimonial de G. 2.482.950.000, entre marzo, abril y mayo de 2012 con la suscripción de 9 contratos.
Con el contrato y adenda con la firma María Gloria SRL, cuya representante legal es Silvia Lorena Machuca, se causó un daño de G. 197.300.000. Esa empresa vendió a G. 9.100 el litro de aceite. Con MyF Comercial, de María Digna Méndez Escobar, Catalina Méndez Escobar y Juan Benito Méndez, el perjuicio ascendió a G. 324.850.000. Con Beltrom SA, de Héctor Romero Sánchez y Teresita de Jesús Torres, el daño fue G. 1.577.400.000, y con Distribuidora Fénix SA, de Nancy Lucina Godoy, se perjudicó G. 383.400.000.