En ocasión de la audiencia preliminar, la defensa de la exministra y su exdirector, que ocuparon el cargo durante el gobierno de Fernando Lugo, plantearon un incidente de prejudicialidad, mediante el cual pretendía que la causa penal quedara supeditada a un dictamen de la Dirección de Contrataciones Públicas, respecto a los parámetros considerados para determinar la existencia de perjuicio patrimonial.

“Se denota que los precios son el doble del precio de los productos, en defensa del consumidor. No existe prejudicialidad, no ha expresado el procedimiento extrapenal de uno de los elementos del tipo penal, el perjuicio patrimonial está cuantificado”, sostuvo el fiscal Igor Cáceres, al fundamentar su oposición a la pretensión de la defensa.

Incidentes de sobreseimiento definitivo, sobreseimiento provisional, de exclusión probatoria y hasta de conciliación fueron las demás cuestiones planteadas por la defensa y que han sido descartadas por el juzgado.

En consecuencia, la magistrada dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público con relación a la exministra Cardozo y a Benítez. La tercera acusada con relación al caso, la funcionaria Blanca López Troche, no participó de la audiencia por encontrarse fuera del país, debido a problemas de salud.

La imputación presentada por el fiscal Aldo Cantero sostiene que estas personas ocasionaron al Estado un perjuicio de más de G. 300 millones, mediante la adquisición de productos con valor muy superior al del mercado. Fue en el 2012, durante la emergencia por sequía.

Tanto Cardozo como Benítez afrontan un proceso paralelo por el mismo hecho punible, pero con un perjuicio de G. 2.400 millones para el Estado paraguayo.

En este caso, en diciembre último el juez penal de garantías Paublino Escobar elevó la causa a juicio oral y público, tras cuatro audiencias frustradas debido a chicanas promovidas por la defensa de la exministra.