En la audiencia realizada ayer, la jueza Gricelda Caballero impuso a Buzarquis una fianza real de G. 800 millones y a sus defensores José Domingo Almada y Carmelo Caballero fianza personal de G. 500 millones cada uno.

Este proceso se inició como derivación de la contratación directa de una empresa italiana para una consultoría internacional.

Según la fiscala Victoria Acuña, el perjuicio ocasionado es de US$ 500.000 para el MOPC y otros US$ 100.000 para la Entidad Binacional Yacyretá.

Almada destacó que no existe perjuicio porque no se realizó pago alguno y que su cliente cumplió con todos los pasos administrativos.

“Estoy muy tranquilo porque en ningún momento hubo daño. Con todo respeto digo que cualquier estudiante de primer año de derecho sabe que si no hubo daño no puede haber lesión. ¿Cómo puede haber lesión si no hubo trámite de pago? Ni una moneda, absolutamente nada”, dijo Buzarquis.