El 12 de diciembre del 2003 los ministros Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea fueron destituidos por juicio político. En diciembre del mismo año, ambos recurrieron ante la Corte contra su destitución.
La acción de inconstitucionalidad promovida por Ríos fue contra la Resolución Nº 122 dictada por el Parlamento, que reglamentó el procedimiento para el juicio político (ante la ausencia de una ley reglamentaria).
El 30 de diciembre de 2009, la Sala Constitucional de la Corte anuló la resolución dictada por la Cámara de Senadores en diciembre del 2003, mediante la cual fueron destituidos los ministros. Los magistrados que firmaron dicha sentencia –Juan Francisco Recalde, Meneleo Insfrán y Florencio Pedro Almada– fueron destituidos por el Jurado de Enjuiciamiento.
Por otro lado, a través de la resolución Nº 2382 del 5 de enero de 2010, los ministros de la Corte Antonio Fretes, Raúl Torres Kirmser, Víctor Núñez, Sindulfo Blanco y César Garay argumentaron luego que Recalde, Insfrán y Almada no observaron el orden jurídico de la República.
Posteriormente, se presentaron dos aclaratorias con relación al fallo. Una, por la defensa de Ríos, respecto a las costas del juicio, y la otra, por el fiscal general del Estado, que pidió que se aclare cómo se daría cumplimiento a la resolución.
Ambas aclaratorias están pendientes de resolución, debido a que no se ha integrado aún la sala que resolverá la cuestión, pues solo están confirmados los camaristas Arnaldo Martínez Prieto y Cristóbal Sánchez.
Lovera Cañete presentó acción de inconstitucionalidad contra el veto del entonces presidente Fernando Lugo a su designación como miembro de la Corte, en el 2009, por falta de fundamento del rechazo.
CASO LLEGÓ HASTA LA CIDH
Paralelamente al juicio promovido en nuestro país, los exministros Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadea (fallecido) accionaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambos reclamaron su reposición en sus respectivos cargos en la máxima instancia judicial, pago de los haberes caídos, indemnización por los daños a su honor y reputación y gastos derivados del juicio político.
La CIDH admitió la demanda el 20 de abril de 2009, e instó a las partes para llegar a un acuerdo amistoso, que no se concretó. En mayo pasado, en una sesión de la CIDH en Buenos Aires, Argentina, Ríos reiteró su petición y pidió la remisión del informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.