El agente fiscal de Delitos Económicos Martín Cabrera explicó que Ochipinti realizó el examen de viabilidad del proyecto de construcción de pozos artesianos para cuatro asentamientos de Canindeyú, pese a que la responsable de la “Fundación Oriente”, Liliana E. Fernández Villagra, presentó tres empresas constructoras que resultaron ser “fantasmas”. Estas son “Constructora Aquino”, “Construcivil” y “R.G.C. Constructora”. La última firma resultó adjudicada con G. 1.260.746.801.
Inclusive, se aprobó el desembolso del 60 por ciento del dinero, que ascendía a G. 756.448.081 y que nunca pudo ser destinado a la fundación de Fernández Villagra simplemente porque esta contaba en ese momento con un pedido de pago por parte de otra entidad del Estado, de acuerdo con el informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda.
Según la imputación fiscal, la “Fundación Oriente” montó un esquema para desembolsar el dinero con la presentación de propuestas de firmas para la construcción de los pozos que resultaron inexistentes.
En ese sentido, se descubrió que el que aparece como dueño de la firma “Constructora Aquino”, Esteban Aquino, está bloqueado en la Subsecretaría de Estado (SET) y es peón de una estancia.
Santiago Ochipinti ya afronta otro proceso penal donde está acusado por una supuesta “coima” de G. 89 millones para aprobar proyectos de asociaciones civiles y está pendiente de audiencia preliminar.