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Díaz Verón señaló que la resolución de la Corte que suspende la imputación contra Filizzola por lesión de confianza, “es una manera de fortalecer la impunidad”.
“Es inadmisible y no tiene precedentes la decisión de la máxima instancia judicial. Atenta contra el Estado de derecho y coarta la facultad del Ministerio Público de investigar”, manifestó. Agregó que la defensa recurrió a una argucia procesal a la que hizo lugar la Sala Constitucional.
El fiscal general calificó como una chicana la disposición de la Corte de paralizar el proceso a Filizzola. “Si de esta forma vamos a evitar el juicio oral, estamos ante una situación peligrosa, en donde muchos procesos por corrupción pueden quedar impunes”, enfatizó.
El titular del Ministerio Público no descartó que la resolución que favoreció a Filizzola sea usada por otros políticos procesados como una “fórmula para obtener su impunidad”.
Los antecedentes revelan que los ministros Miryam Peña, Óscar Bajac y César Garay fueron los que firmaron la criticada resolución, que según muchos abogados, “mata” el proceso penal.
La situación se agrava cuando la Sala Constitucional fue integrada por dos ministros (Bajac y Garay) enjuiciados en el Senado, en donde ocupa una banca la legisladora Desirée Masi, esposa de Filizzola, quien debe votar por la destitución o no de los magistrados que ahora favorecieron a su marido.
El Ministerio Público había recusado a Bajac, Garay y Sindulfo Blanco (también enjuiciado) por tener interés en el pleito. Blanco no integra la Sala Constitucional en el caso más conocido como el de “comisarías”, pero si la conforma en el proceso por la causa en la que Filizzola, como exministro del Interior, está acusado por la compra irregular de helicópteros para la Policía. Se habla de una sobrefacturación de unos G. 50.000 millones.
En la causa helicópteros, Blanco (cuya destitución también depende del Senado), dio trámite a una acción del exministro del Interior contra resoluciones judiciales por las cuales se ordenaron que tiene que afrontar juicio oral y público.
Blanco admitió la inconstitucionalidad planteada, cuando la ley dice claramente que la apertura a juicio oral es inapelable. Es por ello que la fiscalía también solicitó su apartamiento.
En el caso de las comisarías, en donde se pagó por obras no realizadas y se omitió ejecutar la póliza, el Ministerio Público refirió un perjuicio de G. 1.131 millones.
Caso Enzo
En la Sala Constitucional de la Corte está pendiente de resolución la acción que promovió el exministro de Agricultura, Enzo Cardozo, quien también trata de anular una imputación por un perjuicio de G. 3.179 millones.