Los procesos abiertos a los transportistas son cuatro y los delitos son estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y otros delitos derivados de la obtención irregular de subsidio estatal por más de 13.000 millones de guaraníes.
En el juzgado de garantías N° 1, a cargo de Hugo Sosa, se presentaron los directivos de la empresa 3 de Febrero (Línea 454) Claudio Arias, Darío Arias y Óscar Fariña, a cuyo defensor el juzgado impuso una fianza de G. 500 millones y dio un plazo de 20 días para garantizar con inmuebles por el referido valor.
Ante dicho juzgado también están procesados los directivos de la empresa Capiatá (Línea 58) Édgar, Roberto, Víctor y Myriam Jiménez Ayala, quienes plantearon un recurso de reposición contra la convocatoria a la audiencia.
Ante el juez de garantías N° 8, Gustavo Amarilla, los directivos de “Campo Limpio” (Línea 36) Julio Santacruz, Óscar Torres, José Torres y Julio Torres presentaron un recurso de nulidad contra la imputación por supuesta inobservancia del debido proceso.
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Los principales cuestionamientos tienen que ver con la falta de especificación de la conducta de los imputados y que estos no han sido llamados aún a prestar declaración indagatoria.
Arresto domiciliario
Nora Sánchez de Méndez, directiva de la empresa Ciudad de Villeta (Línea 232), se presentó a su vez ante el juzgado de garantías N° 9, a cargo de la jueza Gricelda Caballero, quien decretó su arresto domiciliario.
Asimismo, la magistrada estableció una fianza personal de G. 300 millones.
A su vez, el juez Tadeo Fernández, de Garantías 11, estableció una fianza de G. 250 millones para María Teresa Quiñónez de González y Roberto Rolón Cáceres, directivos de la empresa “Cerro Kõi” (Líneas 203 y 110), María Teresa Quiñónez de González y Roberto Rolón Cáceres.