La indagatoria para Gómez debió realizarse el pasado 29 de mayo, pero el abogado defensor Elber Caballero solicitó la suspensión de la diligencia. Argumentó que debía acceder a las fotocopias de todas las actuaciones del Ministerio Público para preparar la defensa del intendente.
La investigación penal a Gómez tiene que ver con un reclamo de la firma Titanic Corporation SA (Ticsa), que le requiere al municipio lambareño G. 1.600 millones por la falta de pago de materiales que proveyó a la Comuna para la confección de registros de conducir y de habilitación de rodados.
Para la defensa, la empresa citada proveyó los materiales sin que haya de por medio el pedido correspondiente. Paralelamente, la empresa Titanic realizó una demanda en lo civil y comercial para obligar el pago a la comuna.
En la citada demanda civil se había solicitado que la municipalidad informe al juzgado si existían notas de remisión sobre la provisión de los plásticos pre impresos de PVC para licencia de conducir y habilitación de vehículos.
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El demandante asimismo había requerido que la comuna responda si recibió los mencionados insumos, si el municipio tenía o no presupuestado los pedidos realizados.