Fiscal acusa a jueces de mutilar pruebas para no comisar la estancia de un narco

Los jueces Nilda Giménez, Alba González y Víctor Medina falsearon y mutilaron datos para rechazar el comiso de la estancia de un condenado por el tráfico de 390 kilos de cocaína, según el escrito del fiscal Marcelo Pecci ante la Cámara de Apelación. Por su lado, los magistrados alegan negligencia del Ministerio Público. La Corte abrió una auditoría, en la que también se debe incluir a un primer tribunal que tampoco ordenó confiscar el inmueble.

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Pecci afirma en su escrito, que es fácil demostrar la fundamentación contradictoria como vicio del tribunal. “Por un lado, los jueces de primera instancia reconocen que el Código Penal impone el comiso de los objetos con los cuales el hecho antijurídico doloso se realizó. En el entendimiento racional e integral del caso, asistido por la hermenéutica, ese objeto es la Finca N° 45. Sin embargo, el tribunal de mérito erráticamente lo niega como “objeto”, una vez más, sin dar a conocer el porqué. Pregonando una desviación argumental harto preocupante y fisurada, se dedica a evaluar la estancia como “producto de la comisión de ilícitos penales” cuando, valga la reiteración, no fue esa la previsión normativa expuesta por la fiscalía y discutida amplia y debidamente en la vista oral y pública”, dijo el fiscal.

“Ante esa realidad, es inevitable afirmar que sobre la negación del comiso predominan en el fallo cuestionado llamativas e incomprensibles consideraciones, que sobre la base de omisiones, visiones parcializadas, forzadas construcciones y falsedades, impone un veredicto técnicamente viciado y despreciativo a la debida imparcialidad en el rol decisor jurisdiccional”, disparó el fiscal.

Para Pecci, los jueces Nilda Giménez Bogarín, Alba María González Rolón y Víctor Manuel Medina “fueron jurídicamente complacientes con la legitimación de dinero originado en el narcotráfico. Lo hicieron con indisimulable parcialidad instrumentada en mutilaciones de pruebas y decididas distorsiones, que revelan la orfandad de cardinales criterios de justipreciación del acervo probatorio, y por ende, una negación de la sana crítica, como debido sistema de ponderación”.

La estancia cuyo comiso solicitó el fiscal está ubicada en Bella Vista Norte y pertenece a Nery Pinazo, condenado a 17 años de cárcel por su implicancia en el tráfico de 390 kilos de cocaína, que se registró en el 2011.

Pecci pidió el decomiso del inmueble en el juicio por lavado de dinero que se le abrió a Pinazo y en el cual fue condenado a tres años y medio de cárcel, por un primer tribunal integrado por los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate y Víctor Alfieri, quienes también habían rechazado el comiso. Sin embargo, un Tribunal de Apelación anuló el fallo respecto al comiso, por lo que se hizo el segundo juicio.

El fiscal en la apelación del segundo fallo que tampoco hizo lugar al comiso, explicó que la estancia de Pinazo tiene que ser confiscada, porque se usa para lavar dinero producto del tráfico de droga, hecho por el que el dueño fue penado en otro juicio.

Para fortalecer su argumento, hace mención a un procedimiento realizado en el 2011 en la estancia “Ña Vary, propiedad de Pinazo, de donde se incautó un cargamento de marihuana.

Pecci aclaró que por Auto Interlocutorio N° 152 del 15 de junio de 2017 se sobreseyó a Pinazo. “No es claro si el señor Nery Pinazo se encontraba procesado desde el inicio de la causa, en el mes de julio de 2011, que radica en Pedro Juan Caballero, causa ya extinta por el AI 152 del 15 de junio de 2017, ya que el mismo es detenido recién en octubre del mismo año en otro procedimiento en la estancia Brillante (caso por el que se le condenó a 17 años de cárcel)”.

cbenitez@abc.com.py

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