La Contraloría General no puede auditar el Subprograma Nacional de Investigación Forense y Criminalística. El contralor Roy Rodgers pretendió hacer un examen especial y esto fue rechazado por Díaz Verón.

El titular del Ministerio Público había remitido un escrito a Rodgers que refería que la remisión de los antecedentes del programa era imposible, porque es el Tribunal de Cuentas, segunda sala, el que analiza las ejecuciones presupuestarias de los años 2011, 2012, 2013 y 2014. Esto es así porque el fiscal general presentó cada año una acción de inconstitucionalidad para que sea el tribunal el que analice sus gastos.

Lo hizo teniendo en consideración que un fiscal inferior y dependiente es el que lleva adelante la labor “sobre papel”.

Además, los que juzgan son camaristas que dependen de la Corte Suprema de Justicia, por lo que tal transparencia que se pregona es un mito.

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