Díaz Verón le pidió a Pucheta que “exhorte a los jueces a desarrollar las máximas diligencias para garantizar la celeridad de los procesos, y especialmente de aquellos que están paralizados”.
Según una lista entregada a la presidenta de la Corte, 28 causas penales impulsadas por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción se encuentran paralizadas en distintas instancias del Poder Judicial, y en espera de una solución.
“Es deber del Estado investigar y castigar penalmente a los responsables de la comisión de los hechos punibles, y en este trayecto evitar que la dilación del proceso impida el desarrollo de una investigación penal eficaz, garantizando el derecho de las víctimas a una tutela judicial efectiva”, manifestó el fiscal general.
Señaló su convencimiento en que no hace falta modificar las leyes que rigen en el país, sino que simplemente se debe poner más voluntad para que el trabajo del Poder Judicial y del Ministerio Público se haga más efectivo y visible.
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Lista de causas
Entre las causas trabadas, según la fiscalía, están el proceso al fiscal Roberto Velázquez Vezzetti y otros sobre extorsión, a la fiscala Mirta Ortiz por apropiación, Blas Pereira Rodi sobre soborno agravado, Sergio Escobar Amarilla (expresidente de Petropar) y otros sobre lesión de confianza, Miguel Ángel Cárdenas y Roel Valdez sobre supuesto tráfico de influencia y cohecho pasivo, Carlos Hugo Sosa Palmerola y otros sobre lesión de confianza, Juan Francisco Godoy (extitular de Copaco) y otros sobre lesión de confianza, entre otras.
La Corte, presidida por Pucheta, con el objetivo de hacer frente a las chicanas, había ordenado una auditoría semanal en los juzgados de garantías, para saber el número de audiencias suspendidas, incluidas las preliminares, que son las más trabadas por los acusados.