En conversación con radio Cardinal, el fiscal Ortúzar explicó ayer que la imputación a los policías sería por los delitos de persecución de inocentes, privación ilegítima de la libertad, simulación de hecho punible, denuncia falsa, producción inmediata de documento público de contenido falso.
En horas de la mañana, el comisario Tomás Cardozo, el oficial inspector Neri Benítez y el suboficial Derlis González, fueron llevados hasta la sede de la fiscalía zona 1, para prestar declaración indagatoria. Abogados de la Policía Nacional los asistieron.
Los agentes, todos de la comisaría 21º metropolitana detenidos el viernes último, se abstuvieron de dar su versión sobre el confuso procedimiento que realizaron el jueves pasado, y que derivó en la aprehensión de un menor de 14 años. El parte sindica al chico como motochorro y dice que fue detenido con objetos robados a la víctima en su poder.
La versión resultó ser falsa, pues la supuesta denunciante dijo que jamás denunció algún robo, que el detenido era su pareja (con la que tiene un bebé), que salió de la casa tras una pelea. Las ropas halladas en la mochila del menor –que estaba a pie– eran del mismo y el celular que tenía, de su hermana.
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Posteriormente, los defensores comunicaron al fiscal la decisión de sus clientes de admitir los hechos y solicitar una salida rápida al proceso penal, motivo por el cual Ortúzar solicitó condena de 2 años para todos, en el marco de un procedimiento abreviado. La jueza de garantías de turno, Lici Sánchez, está a cargo de la audiencia de medidas, que se hará hoy a las 11:00.
Versión de la cúpula policial
El director de la Primera Zona Policial, Crio. Princ. Tomás Cristaldo, reiteró ayer que el comando institucional apoya plenamente a los agentes procesados y remarcó que todo el procedimiento fue realizado y comunicado en tiempo y forma. Por otro lado, a la cúpula policial también le llamó la atención que la orden de detención contra los efectivos haya sido emanada más de 24 horas, después del operativo y que se publicara un supuesto pago que hicieron los familiares del menor al Ministerio Público para conseguir su libertad.