La decana María Angélica González Torres de Lezcano perpetró los delitos de cobro indebido de honorarios y consumó graves estafas en perjuicio de instituciones de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), según documentos investigados por el Ministerio Público, sostuvo el fiscal René Fernández en su escrito de imputación.
Los documentos que comprometen a la ahora imputada fueron recolectados y analizados por la fiscalía en el marco de una denuncia formulada por representantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UNA (Ceffuna), sostuvo el representante del Ministerio Público.
Las evidencias fueron obtenidas durante allanamientos realizados en reparticiones de la Facultad de Filosofía, así como de informes enviados por el Ministerio de Hacienda sobre planillas y pagos de docentes y autoridades de la UNA, señala la presentación del agente fiscal.
Varios documentos e informes revelan que Torres de Lezcano se alzó con millones de guaraníes mediante maniobras dolosas, mentiras, caradurismo y todo tipo de sinvergüencía, indica el papel de la imputación.
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Cuenta que una de las maniobras de la decana fue presentar un certificado médico alegando mal estado de salud, lo que le imposibilitaba asistir a dar clases de Geometría en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNA, en donde figuraba como docente.
Mientras se encontraba ausente como profesora de Geometría con goce de sueldo, la hoy investigada se desempeñaba como una sana y robusta decana de la Facultad de Filosofía de la UNA, sostiene la imputación.
Similar ardid utilizó en la Facultad de Arquitectura de la UNA, en donde la misma percibía salarios en su calidad de titular de Matemática Aplicada y Física, indica.
Mediante esas maniobras la decana de Filosofía se alzó con más de 70 millones de guaraníes, dijo el fiscal.
Creó cursos fantasma
Entre las irregularidades atribuidas a la decana González Torres también se encuentran la creación y puesta en marcha de cursos académicos fantasma, por los que pagaban viáticos por un promedio de G. 4.000.000, sostuvo en otra parte de su escrito el fiscal.
“En su carácter de funcionaria pública percibió remuneraciones no debidas desde el 1 de agosto al 30 de diciembre del 2014 y del 7 de marzo al 19 de diciembre del 2015”, puntualiza el papel de la imputación.
El caso quedó a cargo del juzgado penal de garantías número uno de San Lorenzo, según se informó ayer.