La imputación de Corvalán, por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, tiene relación con una serie de irregularidades reveladas por el equipo de investigación multiplataformas En360, de ABC Color, denunciadas por sindicalistas del ente.
Además de Fernando Mendoza Rojas, presidente del consejo de administración y director general de la Diben, fueron imputados Víctor Claudio Domínguez Acosta, en su carácter de representante de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), la exfuncionaria Virgilia González García y la funcionaria Myrian Isabel Vega Leiva.
Una investigación de EN360 reveló que Víctor Domínguez cobró por al menos 4 años un plus por un título universitario que no tenía. Firmaba documentos oficiales como “Licenciado”, por lo que cobraba 700.000 guaraníes mensuales.
En el 2013 percibió 9.100.000 guaraníes, en el 2014 cobró 8.366.000 guaraníes y en el 2015 unos 8.143.000 guaraníes. Entre enero y marzo de 2016 le pagaron 2.100.000 guaraníes en ese concepto.
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Virgilia González García fue nombrada en 1990 como recepcionista de Diben. En julio de 1996 obtuvo un permiso de salud con goce de sueldo, por un problema de rodilla. Hasta que fue desvinculada, casi 20 años después, cobró salarios, bonificaciones, aguinaldos e incluso un premio por antigüedad. Cuando ingresó a la entidad, su sueldo era de 327.000 guaraníes mensuales. Cuando fue desvinculada, en el 2016, percibía 2.815.000 guaraníes.
El fiscal imputa a Mendoza Rojas porque supuestamente permitió o no evitó que ocurran estos hechos. Pero, además, también por percibir una bonificación por un título de posgrado que tampoco tiene.
El juez Tadeo Fernández fue sorteado para atender el caso y en la fecha, resuelve si admite o no la imputación.
Faltas, sin control ni castigo
El artículo 58 de la Ley de la Función Pública establece claramente que los permisos por problemas de salud no pueden superar los 90 días. Además, en la Diben nunca se castigó a los responsables que permitieron que esta irregularidad se registre por casi dos décadas. Tras la publicación de EN360, la CEP resolvió retirarse del consejo de la Diben, debido a las graves irregularidades detectadas.
La Contraloría General auditó la Diben en el año 2016 y concluyó que la institución se encuentra en alto riesgo, considerando que no tiene un sistema de control eficiente, no cumple con los fines para los que fue creada y distribuye su ayuda sin criterio objetivo, o sea, “a dedo”.