El juez Humberto Otazú había decretado ya el arresto domiciliario de Chicharõ, por compurgamiento de pena mínima del delito que se le imputa (6 meses). Con el mismo fundamento, el magistrado ordenó la excarcelación y arresto en la misma residencia de barrio Herrera, de su hermano, Ardonio Sánchez Garcete.
El magistrado fundamentó su resolución en el artículo 19 de la Constitución, que establece que la prisión preventiva no podrá exceder el mínimo de la pena prevista para el delito.
En su apelación, el fiscal indica que el incidente de revocatoria de la prisión preventiva “ha sido mal encuadrado a un trámite de revisión de medidas cautelares”, por lo que se “desnaturalizó el proceso”.
“Es inaceptable que el juez suprima, con desprecio de las reglas procesales, la vigencia de la prisión preventiva”, puntualiza.
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Según el fiscal, Chicharõ y sus hermanos habrían adquirido y vendido varios inmuebles en Tacuatí, tendientes a lavar dinero del narcotráfico. Además, habrían suscripto e integrado acciones por un valor de G. 1.800.000.000 en ocasión de la constitución de la empresa “Lilian Mercedes SA”.
A su vez, registraron en Senacsa 923 cabezas de ganado en un inmueble rural de 1.427 hectáreas. También hicieron depósitos de dinero en sus cuentas bancarias habilitadas en los bancos BBVA, BNF y Visión Banco por, aproximadamente, G. 10.000.000.000.
Por otro lado, legisladores estarían operando para que el juez levante la orden de detención de Denilso, para que este pueda asumir como intendente de Capitán Bado, donde fue electo el 15 de noviembre pasado.
Los parlamentarios habrían prometido a Chicharõ, que tiene cuentas bancarias y muchos bienes, que su hermano Denilso asumirá la intendencia.