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El 13 de octubre pasado la fiscala presentó a la jueza de garantías de Lambaré Isabel Bracho el requerimiento número 52 en el que solicita la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para Marcelo Ramón Gómez Mallorquín y Alcides Ramón Argüello Villalba.
El primero es auxiliar contable y el segundo técnico de seguridad industrial de la firma Copetrol. Ambos aparecen como responsables del derrame de combustible en la planta industrial de la referida empresa, ubicada en barrio Achucarro de la ciudad de San Antonio, ocurrido el 26 de agosto de 2016 y que produjo la contaminación de aguas del río Paraguay.
La gravedad del hecho en su momento incluso obligó a la Secretaría del Ambiente (Seam) a clausurar la planta industrial y posteriormente aplicar una multa de G. 1.052 millones a Copetrol.
Sin embargo, después de más de dos años de “investigación”, la fiscala Martínez Amarilla pidió una exigua pena para los responsables del grave delito ambiental, lo que genera una justificada sospecha sobre la actuación de la misma en la referida causa.
La fiscala se “lavó las manos” en un informe de la Dirección de Delitos Ambientales del Ministerio Público, del 14 de setiembre pasado, que concluyó que “el hecho fue de mediana magnitud teniendo en cuenta las acciones aplicadas por Copetrol y posteriormente por su contratada, la empresa DISAB Sudamericana, y que fueron recomendadas por la Seam para reversibilidad del daño producido y las pautas de recomposición”. Es decir, según la agente del Ministerio Público, “el recurso afectado fue tratado y vuelto a su estado anterior”.
Según expertos ambientales consultados por nuestro diario, el requerimiento de la fiscala ofende la inteligencia y confirma que la Unidad Ambiental, que está a cargo del fiscal adjunto Jorge Sosa, deja impunes graves delitos ambientales que incluso ponen en peligro la salud y la vida de las personas, para perseguir hechos punibles bagatelarios que no le afectan a la ciudadanía.
La conducta
La fiscala señaló que, de acuerdo a la “investigación” que realizó, los actas de procedimientos y los informes técnicos, tanto de la Seam como de la Fiscalía, corresponde calificar la conducta de Gómez Mallorquín y la de Argüello Villalba en las previsiones del artículo 197 del Código Penal, incisos 1°, 4° y 6°, que hacen referencia al “indebido ensuciamiento de las aguas”, en este caso nada menos que las del río Paraguay. Agregó que el derrame se debió a una falla humana, específicamente a “un error cometido en el cálculo de la capacidad de uno de los tanques de almacenamiento”, tarea que corresponde a Mallorquín, como jefe de control y stock.
Con respecto a Argüello, la agente dijo que el mismo “no aplicó correctamente las medidas de mitigación tendientes a minimizar el impacto que puede tener la actividad humana sobre el medio ambiente” y que le corresponde una sanción de hasta cinco años de cárcel o multa de 500 hasta 1.500 jornales mínimos legales.
En consecuencia, afirmó que corresponde condenar a Argüello al pago de la suma de G. 10 millones en concepto de “reparación del daño social ocasionado”. El monto deberá destinado a una entidad señalada por la jueza Bracho, en la audiencia preliminar.
En cuanto a Gómez Mallorquín, manifestó que la conducta del mismo fue culposa a causa del error cometido y que produjo el ensuciamiento y la alteración de las aguas del río Paraguay.
En consecuencia, agregó que corresponde que el mismo pague la suma de G. 5 millones como reparación del daño y que el dinero debe ser entregado al Cuerpo de Bomberos Azules de Ypané, en 12 cuotas de G. 416.666 mensual.
Los expertos en el área aseguran, y justificadamente, que la Fiscalía Ambiental persigue delitos bagatelarios, para dejar impunes a gente con poder económico que deforestan miles de hectáreas de bosques y contaminan los cauces hídricos.
Hace poco pidió tres años y medio de cárcel para un ciudadano que se encarga de juntar pilas.
cbenitez@abc.com.py