La representante del Ministerio Público que investiga las celdas lujosas encontradas en la cárcel de Tacumbú comenzó a analizar abundante documentación que el viernes último le presentó el extitular de la Dirección de Institutos Penales y exdirector de la mencionada prisión Artemio Vera, informaron ayer fuentes de la Fiscalía.
En la ocasión, el citado exfuncionario dijo que todos los empleados de la prisión así como autoridades del Ministerio de Justicia tenían conocimiento de la existencia de los “calabozos de oro” en los que habitaban narcotraficantes, asesinos y asaltantes millonarios.
Viceministro
Vera aseguró desconocer montos de pagos por los presuntos alquileres de esas reparticiones, pero subrayó, una vez más, que el entonces viceministro de Justicia, Éver Martínez, actual titular de la secretaría de Estado, tenía conocimiento del funcionamiento y ocupación de las celdas.
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Durante su comparecencia, Artemio Vera entregó a la fiscala Pérez resoluciones, informes y numerosos papeles relacionados a las 22 celdas lujosas que fueron encontradas durante una diligencia realizada días pasados justamente por la mencionada representante del Ministerio Público y su colega Igor Cáceres.
Los documentos contienen datos y nombres de personas y funcionarios que conozcan el funcionamiento y mecanismos de ocupación de las celdas que estaban montadas y equipadas con equipos de lujo, conforme al pedido o capricho de sus “huéspedes”, la mayoría criminales sentenciados, según las fuentes.
Dijeron que con el análisis de la documentación, la Fiscalía ahora trata de determinar si se registró algún tipo de lavado de dinero con la habilitación y funcionamiento de esos aposentos.
La investigación sobre las celdas vip se inició ante denuncias públicas sobre el lujoso pasar que tenía en Tacumbú el condenado brasileño Jarvis Chimenes Pavão, presunto cerebro de un supuesto plan de escape masivo de Tacumbú.
Presos de la tercera edad
Los internos de la tercera edad ocuparán el pabellón donde recientemente fueron desmontadas celdas vips.
Representantes del Ministerio de Justicia, iglesias y Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura firmaron un acta de acuerdo para instaurar una comisión ad hoc cuya función tendrá el propósito de establecer los criterios de evaluación y seleccionar a los internos de la tercera edad que ocuparán la zona anteriormente ocupada por reclusos que accedían a privilegios no acordes a un régimen penitenciario.