Ledesma citó el artículo 140 del Código Procesal Penal, que refiere que si el juez o tribunal no dicta resolución en los plazos establecidos por la ley, se podrá urgir pronto despacho. Agregó que en reiteradas ocasiones pidió al juez para que fije la fecha de audiencia preliminar a León y si no lo hace, presentará queja por retardo de justicia ante el Tribunal de Apelación.
La fiscala le pidió a Otazú que en el plazo de 24 horas señale la preliminar.
Ledesma aclaró en su escrito que hace más de un año se presentó el último requerimiento conclusivo en este caso, con respecto a otros acusados, por lo que se superó en exceso el plazo para fijar la preliminar.
La fiscala detalló que en setiembre de 2016 se acusó a León y Víctor Hugo Ferreira y el 8 de marzo de 2017 se acusó a Alfredo Ramón Sánchez y Eduardo Ramírez; además se amplió la acusación respecto a León y Ferreira y se remitieron el cuaderno de investigación fiscal y las evidencias, al juzgado a cargo de Otazú.
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Ledesma destacó que se deben “garantizar el cumplimiento de los plazos máximos estipulados para la investigación y evitar dilaciones innecesarias que permitan llegar dentro de los plazos máximos de duración del proceso penal establecido por el artículo 136 del Código Procesal Penal”.
La fiscala advirtió que si el magistrado hace caso omiso a su pedido, presentará en su contra una queja por retardo de justicia ante el Tribunal de Apelación.
Según fuentes, los acusados, especialmente León, estaría maniobrando para dilatar la realización de la audiencia preliminar.
Es importante que el juez Otazú fije la fecha de audiencia preliminar, para que en la misma pueda resolver si eleva o no la causa a juicio oral y público.
Se fijó
El juez Otazú en conversación con nuestro diario dijo ayer a la tarde que ya estableció la realización de la audiencia preliminar, pero no se acordó de la fecha.
El magistrado, por otro lado, aclaró que el expediente se encuentra en la Cámara de Apelación, debido a que las defensas recurrieron la resolución por la cual ordenó la destrucción de las armas ante un pedido realizado por el Ministerio Público.
En enero del año pasado, durante la feria judicial, León consiguió su arresto domiciliario por disposición de una Cámara de Apelación.
Antecedentes
Los antecedentes revelan que el 9 de marzo de 2016, agentes de la Senad y la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de la Policía Nacional encontraron un poderoso arsenal compuesto de armas, municiones y hasta explosivos dentro de una vivienda situada en el barrio Villa Aurelia de la capital y que era usada como un “supermercado” de material bélico.
El procedimiento fue encabezado por la fiscala Lorena Ledesma, a quien León intentó varias veces apartar de la causa, en busca de fiscales a medida.
YA SE HABÍA BLANQUEADO
En el 2013, Carlos León ya estuvo involucrado en tráfico de armas y municiones.
Rubén González Peralta, uno de los accionistas de Comtecpar en pleito judicial con su socio comercial Carlos León, había denunciado ante la Corte que adquirió de la casa Yamgo de Asunción, municiones 5.56, que se importaron a nombre de la máxima instancia. También se hallaron municiones.
La Corte denunció ante el Ministerio Público y el entonces fiscal general Javier Díaz Verón designó a los fiscales Sandra Quiñónez, Francisco Ayala y Federico Delfino para indagar. Los dos últimos fueron apercibidos por el Jurado por intentar blanquear el caso, que quedó a cargo de Quiñónez, que tampoco hizo nada.