Los fiscales Alba Delvalle y Carlos Giménez pidieron juicio oral para los altos funcionarios de la SAS, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.
Una de las tierras cuestionadas es la finca número 2546 Itacurubí de la Cordillera adquirida el 14 de enero de 2008 de Daniela de Ruiz Díaz.
Esta propiedad tiene una hectárea y el precio pagado fue de G. 70.097.500 para regularizar el asentamiento “San Isidro”.
Los fiscales concluyeron que esta propiedad no puede ser habitada (de hecho no se encontró asentamiento en el lugar), debido a que el terreno presenta humedales porque está ubicado en la cuenca y ribera del arroyo Yhaguy. Además fue declarada zona de turismo con inhabilitación para residencias permanentes e industrias distintas a la turística.
Justamente en el Parlamento se estudia el proyecto de ley “que declara como Área silvestre protegida bajo dominio público” a la cuenca del río Yhaguy, presentado por los senadores Luis A. Wagner y Jorge Oviedo Matto.
La otra finca cuestionada, la 1674, Limpio, comprada el 13 de febrero de 2008 de la empresa Sirio SA, cuenta con 39 hectáreas y las SAS pagó G. 967.381.354 para que sea ocupada por el asentamiento “Barcelona” y “ Torre Alicante”.
Esta propiedad nunca fue ocupada y además se encuentra en una zona de protección ambiental, según las ordenanzas municipales.
El tercer terreno cuestionado es la finca número 26574. Luque, de ocho hectáreas, adquirida el 28 de julio de 2008 de Juan Orué por valor de G. 715.585.294 , para regularizar el asentamiento Tarumandy.
La fiscalía tampoco encontró ningún asentamiento de sintechos en ese lugar y que además es un sitio inundable.
Esta finca se halla dentro de los límites de la reserva para el Parque Nacional Ypacaraí, creada por el Decreto número 5686/90.
Recusación que llevó a maratónica labor
Los fiscales Alba Delvalle y Carlos Giménez, junto a sus respectivos funcionarios presentaron ayer a la tarde la acusación por lesión de confianza tras una maratónica labor que se inició el viernes a la tarde.
El fiscal adjunto Carlos Arregui de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción encomendó la labor a ambos, a 48 horas de vencer el plazo para acusar luego de que el imputado Lezcano recusó a la fiscala Irma Llano, quien llevaba la causa.