Los mencionados agentes del Ministerio Público elevarán una consulta a la Sala Constitucional, que en esta causa está integrada con los ministros Sindulfo Blanco, César Garay y José Raúl Torres Kirmser, para que informe si a las acciones de inconstitucionalidad planteadas por los acusados Filizzola y Guillermo Casado, se les han concedido o no medidas cautelares.
En caso negativo, el proceso debe continuar, pese a la interposición de las acciones, porque el caso ya fue elevado a juicio oral por el juez penal de garantías Hugo Antonio Sosa Pasmor, por Auto Interlocutorio N° 711 del 5 de agosto de 2014.
La semana pasada, el Ministerio Público solicitó justamente al juez Sosa Pasmor que requiera el mencionado informe a la Corte, pero el magistrado dispuso que la consulta fuera elevada directamente por los fiscales a la Corte, porque el expediente se encuentra en esta instancia.
La resolución que eleva la causa a juicio oral es irrecurrible, pero aún así los acusados apelaron ante la Cámara y debido al rechazo en esta instancia, plantearon las inconstitucionalidades ante la Corte donde este expediente se encuentra cajoneado.
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Esta causa es por un supuesto daño patrimonial de casi G. 50.000 millones al Estado, con la compra de helicópteros, que a criterio de la Fiscalía, resultaron inservibles para la Policía Nacional. Por su parte, en todo momento el exministro Filizzola se defendió diciendo que las aeronaves se encontraban operativas, al servicio de la Policía, y que por lo tanto, no existió el daño patrimonial que alegan los fiscales de la unidad anticorrupción.