Fiscales objetaron amenaza, pero Petta les pidió que dejen el corporativismo

En la primera sesión del año del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, numerosos integrantes de la Asociación de Fiscales, encabezados por su presidenta Victoria Acuña, reclamó al senador y miembro del órgano juzgador, la amenaza que profirió a través de medios de comunicación, con destituir a los fiscales que no imputen al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

El gremio de fiscales consideró una aviesa intromisión del legislador en la tarea del Ministerio Público, que acaba de iniciar la investigación, indicó Acuña.

Ante esto, Petta retrucó que los fiscales deben dejar de lado el corporativismo y procesar a sus colegas que son nombrados en los audios filtrados por Radio Cardinal, en los que se revela todo un esquema de extorsión desde el JEM.

Petta agregó que de ninguna manera incurrió en el delito de coacción, tipificado en el Art. 120 del Código Penal. No es delito cuando se amenaza con aplicar la norma, manifestó al grupo de fiscales presentes en la sesión del Jurado.

Petta fue más lejos e incluso desafió a los fiscales a que lo imputen si consideran que incurrió en coacción.

El legislador también dijo a los fiscales que dejen de “ir por los pasillos del Senado para solicitar ser designados en cargos”.

También reclamó a la Aso de Fiscales que no se hayan pronunciado contra Díaz Verón porque usurpa el cargo.

Por su parte, el también miembro del Jurado Adrián Salas manifestó que hay un proyecto de ley para evitar justamente las arbitrariedades de miembros del JEM, como reconociendo que Petta incurrió en amenaza a los fiscales.

El diputado Óscar Tuma, miembro del JEM, manifestó que comparte las críticas de Petta. Aseguró que no pidió a sus colegas traficar influencias por algún caso.

Audios jurídicamente ilegales

- La miembro del JEM y ministra de Corte Gladys Bareiro de Módica, manifestó que los audios filtrados por Radio Cardinal son jurídicamente ilegales porque fueron obtenidos sin orden judicial. “Podrían ser utilizados como indicios para una investigación, pero no se puede basar únicamente en ellos. En un caso ventilado en la justicia brasileña, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que tanto los contenidos de las comunicaciones como las llamadas entrantes y salientes, son ilegales”, dijo.