Es en el proceso por lavado de 600 millones de dólares, en el cual están imputados empleados de los bancos Continental, Regional, Sudameris y BBVA.
Los agentes del Ministerio Público critican duramente la decisión de la jueza, ya que, entre otras cosas, ignoró el pedido de la fiscalía de decretar la inhibición general de enajenar y vender bienes a los procesados y el embargo preventivo sobre sus bienes.
Además, llamativamente, solo dispuso la prisión domiciliaria de uno de los imputados, cuando que el Ministerio Público solicitó medidas alternativas a la prisión para todos.
La magistrada otorgó medidas a los imputados Raúl Reyes Rivas, Lauro Domínguez López y Rodrigo Martín Riveros. Estableció la fianza personal del abogado Luis Alberto Bertón hasta cubrir G. 300 millones y la fianza real del Banco Continental, cuyos empleados son los procesados, hasta cubrir G. 3.000 millones.
Por otro lado, la jueza favoreció con medidas a los empleados del Banco Sudameris Mario Augusto Narváez, María Pavetti, Juan Garay Espínola, Rubén Zachar Peralta, Andrea Rodríguez Massi y Arnaldo Largo González. Estableció fianza real de la entidad por G. 6.000 millones.
Igualmente impuso medidas a los empleados del Banco Regional Erica Werner, Nélida Zárate, Cristina Mendoza Ocampos y Noelia Pino Penayo. También decretó una fianza real por G. 6.000 millones contra la entidad.
Los empleados imputados del BBVA, Natalia Gill, Carlile Torres, José María Britos y Pedro Rivas, también consiguieron medidas. Se decretó fianza real de G. 4.000 millones para el banco.
A los fiscales les llama la atención que la magistrada haya decretado la prisión domiciliaria del imputado Félix Enrique Vera, gestor de negocio del BBVA, un empleado de menor rango.
Los agentes del Ministerio Público dicen que el fallo carece de fundamento.
Según los antecedentes, a través de los cuatro bancos, entre los años 2010 y 2012, se remesaron más de 600 millones de dólares. Para ello se usaron empresas ficticias creadas por el contador imputado, Felipe Ramón Duarte.