Además de esto, al tribunal de sentencia no le está vedado realizar el juzgamiento mientras está pendiente la acción de inconstitucionalidad, lo que no puede es dictar la sentencia.

A su vez, está presente que esta “jugada” ya benefició a un político no hace mucho tiempo. El también parlasuriano Enzo Cardozo, exministro del Ministerio de Agricultura acusado por un desvío de G. 68 mil millones, evita ser juzgado así mientras para los demás se dieron altas condenas en el primer juicio oral.

La acusación fiscal con relación al negociado de tierras del Indert revela que la compra de 5000 hectáreas en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al senador Jorge Oviedo Matto, fue en diciembre de 2012 y se pagaron G. 48 mil millones por tierras inservibles para los fines de la reforma agraria. Luego del escándalo, la firma “perdonó” G. 12 mil millones que faltaban abonar.