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Víctor Gustavo Rivas Gómez, Denis Darío Rotela Ruiz Díaz, Carlos Alberto Vázquez Giménez, Marcelo Luis Battaglia Tescari, Diego José Ortiz Penayo y Patricia Magalí González Mendoza fueron procesados a raíz de los hechos de violencia registrados en la madrugada del 20 de febrero pasado, al término del partido entre Olimpia y Universidad de Chile, disputado en el estadio Defensores del Chaco.
Según los datos, algunos de los procesados pertenecen a la barra de la ” O” y otros, a la “Ultra Sur” de Fernando de la Mora.
La imputación revela que en las inmediaciones de las calles Montevideo y Piribebuy, Rodrigo Benítez y Christian García –que se encontraban en un ómnibus de la Línea 36– habrían realizado disparos con arma de fuego a un numeroso grupo de simpatizantes del Olimpia, cuando estos descendían de un vehículo público.
En el mismo lugar, Rivas, Rotela, Vázquez, Battaglia, Ortiz y González –quienes habían abordado un ómnibus de la Línea 60– descendieron del transporte y se enfrentaron a miembros de la barra de la “O”. En la ocasión, Rivas, Rotela, Vázquez y González habrían arrojado piedras y botellas de vidrio contra sus contrincantes, mientras que Battaglia y Ortiz habrían realizado disparos de arma de fuego, según la acusación.
Como consecuencia de los desmanes derivados del enfrentamiento, las instalaciones de la estación de servicio Petrobras ubicada en Montevideo esquina Piribebuy sufrió rotura de puertas, ventanas y mamparas de vidrio.
En la audiencia preliminar el fiscal Bernal argumentó que el hecho investigado no genera interés público en su persecución y, en consecuencia, solicitó suspensión condicional del procedimiento para Battaglia y Ortiz; condena de 2 años para Benítez y García, en el marco de un procedimiento abreviado; y criterio de oportunidad para los demás, previa reparación del daño social mediante la donación de colchones por G. 1 millón y otros G. 1.500.000 para reparar los daños, para Rivas, Rotela y Vázquez.
La jueza Lici Sánchez dio trámite de oposición, al advertir que la expectativa de pena con relación a Benítez y García es de hasta 10 años, debido al agravante de portación de armas.
Cese de violencia y sanción
“Referente a no generar interés público en su persecución, el juzgado considera por la calificación del hecho y la expectativa de pena, que tratándose de hechos acontecidos en los alrededores de un estadio deportivo y el hecho genera gran impacto social, sí correspondió un interés público agravado con acontecimientos iguales o más graves producidos con posterioridad al hecho que se investiga, y reclama la sociedad el cese de la violencia y la sanción de los responsables de estos hechos punibles”, sostuvo la jueza penal de garantías Lici Sánchez, al argumentar su decisión de dar trámite de oposición al pedido del fiscal Christian Bernal.