El 27 de febrero de 2015 el juez Humberto Otazú había otorgado el sobreseimiento provisional al diputado Núñez Salinas, a pedido del fiscal Cabrera.

A finales del mes que viene –en el lapso de un año– el investigador debe definir si acusa o pide el sobreseimiento definitivo del legislador, cuya empresa Intercom resultó denunciada el 11 de marzo de 2013 por la entonces directora de Aduanas, Rocío Vallejo.

Según los datos, a través de esa firma ingresaron de contrabando decodificadores por valor total de US$ 1.026.028, que se hicieron pasar por ruteadores ante las autoridades inspectoras.

El fiscal Cabrera había pedido el provisional teniendo en cuenta que la Cámara de Diputados tardó en desaforar a Núñez, y que le faltaba la declaración de la denunciante, Gladys Martínez, y la entrega de la pericia caligráfica de las firmas del diputado.

Esa prueba ahora compromete al político debido a que el Laboratorio Forense concluyó que dos de las cuatro firmas son de su puño y letra. Las firmas que aparecen al pie de la nota del 25 de octubre de 2012 dirigida a la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera, CAIA y en la hoja de autorización al despachante Sergio Chaparro, son las auténticas, según la pericia.

La primera es la más importante, atendiendo que en la misma el diputado respondió a la CAIA que se importaron decodificadores, que finalmente se despacharon como ruteadores.

Las firmas en el despacho de importación y en la declaración de valor aduanero son falsas, concluyó la pericia del Ministerio Público.

El parlamentario había negado su firma, pero su versión fue desechada.

En este caso ya fue acusado por contrabando el vista de Aduanas Rafael Martínez y debe definirse la situación del despachante de Aduanas Sergio Chaparro Acuña.