Los fiscales Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero piden que se confirmen las penas impuestas el pasado 11 de julio por el tribunal de sentencia integrado por los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Manuel Silvero y Benito González, de Salto del Guairá.
Villalba fue sentenciado a 30 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad, y Luis Olmedo a 20 años de cárcel por la muerte del subcomisario Erven Lovera.
Por su parte, Néstor Castro Benítez y Arnaldo Quintana, fueron condenados a 18 años de prisión por la muerte de los otros policías; Fany Olmedo, Lucía Agüero y Dolores López fueron condenadas a 6 años de prisión, acusadas de haber actuado como señuelos para disuadir a los policías que participaron en el desalojo, y permanecen bajo arresto domiciliario.
Finalmente, fueron sentenciados a 4 años, Adalberto Castro Benítez, Alcides Ramírez, Felipe Benítez y Juan Carlos Tillería y salieron en libertad por compurgamiento de pena.
Las defensas apelaron el fallo y hablan de 111 nulidades y falsedades en la sentencia. Entre otros puntos, reclaman que Villalba y Olmedo fueron acusados y llevados a juicio por tentativa acabada de homicidio doloso, pero condenados como autores del homicidio, a lo que los fiscales responden que “tanto en la acusación como en los alegatos iniciales, se consignó que ambos realizaron disparos con armas de fuego contra la humanidad de los oficiales de policía”. A su vez, que fueron advertidos y tuvieron oportunidad de declarar, por lo que no se puede hablar de un “hecho nuevo”.
Respecto a que el beneficio de la duda debe favorecer al reo, los agentes indican que los recurrentes debían haber ofrecido una “explicación hipotética alternativa sobre los hechos juzgados” y recalcan que “no son válidas ni aplicables todas las dudas que puedan existir en la imaginación, como las ilógicas, inverosímiles o imposibles (presencia de francotiradores, mercenarios o narcotraficantes)”.
Agotar las instancias
Los abogados defensores de los campesinos condenados por la matanza de Curuguaty indicaron que recurrirán a todas las instancias judiciales, para intentar rever el fallo que consideran es violatorio del debido proceso. Sin embargo, reconocen que hay pocas posibilidades de que se anulen las penas, pero que sirve para agotar recursos para luego accionar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.