Fiscalía pide juicio oral por tortura contra exrepresor de la dictadura

La solicitud de juicio oral y público formulado por la agente fiscal Liliana Zayas, quien interina en la causa iniciada por su colega Santiago González Bibolini en la Unidad Penal N° 1, fue al presentar acusación contra Eusebio Torres Romero por el citado hecho punible.

Los antecedentes se remiten a una denuncia presentada el 9 de mayo de 2011 por Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco, además de Teresa Dejesús Aguilera de Casco, ante la Oficina de Denuncias de la Fiscalía Especializada en Hechos Punibles contra Derechos Humanos.

Según los datos, Carlos Ernesto Casco habría sido trasladado desde Corrientes (Argentina) en una embarcación paraguaya hasta el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía, en Asunción. Estuvo preso e incomunicado, además de recibir diversas agresiones físicas y sociológicas, según el acta de imputación.

Luis Alberto Casco, por su parte, habría sido detenido de forma irregular el 9 abril de 1975 en Villarrica por policías que prestaban servicios en la alcaldía del barrio Ybaroty. Luego, supuestamente fue remitido a la Delegación de Gobierno de Guairá. En el lugar presuntamente fue sometido a apremios y torturas físicas hasta el 12 de abril de 1976, es decir, por el periodo de un año. Posteriormente fue trasladado al Departamento de Investigación de la Policía Nacional de Asunción y derivado a un calabozo con otros detenidos políticos.

Finalmente, Teresa Dejesús habría sido privada de su libertad en Encarnación el 2 de abril de 1976, sin orden judicial, y fue remitida hasta la Delegación del Gobierno de Itapúa. Allí fue interrogada y habría sufrido todo tipo de vejamenes, apremios y maltratos tanto físicos como psicológicos.

El excomisario Eusebio Torres Romero fue imputado por torturas por los apremios físicos que sufrieron estos tres presos políticos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, entre los años 1975 y 1976.

La Fiscalía no pudo solicitar la prisión preventiva porque el código le beneficia por su avanzada edad (80 años). Los hechos, al ser de lesa humanidad, son imprescriptibles.