El juez Humberto Otazú hizo lugar a la extradición solicitada por la Corte Distrital (tribunal de distrito) de los Estados Unidos de América, para el Distrito Este de Nueva York, por los hechos punibles de asociación criminal, lesión de confianza y lavado de dinero.

El magistrado, asimismo, descartó que sea juzgado por soborno en el ámbito privado al no estar estipulado esto en nuestra legislación.

Asimismo, consignó en su fallo que Leoz solo puede ser juzgado por hechos cometidos hace cinco años, porque lo demás ya prescribió.

Y finalmente Otazú ordenó que, antes de hacer efectivo su entrega al Estado requirente, se le realice una evaluación médica para verificar sus condiciones de salud, que a prima facie surgen como propias de la avanzada edad del requerido.

El abogado defensor Ricardo Preda apeló el fallo porque considera que es “arbitrario” y que el magistrado no fundamentó debidamente. Alegó que los hechos punibles de asociación y lavado “caen” al no haber soborno.

Zacarías, por su parte, indicó que esa apelación es improcedente debido a que la sentencia se basa en el tratado de extradición suscrito entre Paraguay y EE.UU. en 1998 y cumple con la cláusula de la “doble incriminación” y de un “mínimo de pena grave”.